Su empresa ha invertido tiempo y dinero en la creación de su marca, en el mercadeo, la publicidad, en la web y todo lo que se ha requerido en protección de marca entre los consumidores, para hacer de su distintivo una marca única registrada en Costa Rica.

Pese a esto, en Costa Rica, su marca está siendo objeto de ataques de ilegales, productos falsos similares al suyo, con el uso de su marca impresos en ellos.

Los productos falsos no solamente son ilegales, sino que pueden ser peligrosos y causar accidentes, debido a la mala calidad de los materiales utilizados para su fabricación y constituyen un mal negocio para su empresa, ya que, induce a error al consumidor con la creencia que está adquiriendo producto original cuando en verdad no es así.

Los falsificadores no respetan los horarios ni los salarios de sus trabajadores, no pagan impuestos, mucho menos les interesa la calidad del producto falsificado, únicamente les interesa aprovecharse del renombre y reputación de su marca, su imagen, su creación, para vender productos falsos.

En Costa Rica, la falsificación, la venta, el almacenamiento y la distribución de productos falsos está regulada por la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, en la cual, estas conductas están tipificadas como delito. La persona que cometa estos delitos puede tener una condena penal que puede llegar hasta los cinco años de cárcel.

El delito por falsificación de marca, venta, almacenamiento y distribución de productos falsos es de acción pública perseguible a instancia privada, lo que significa que, para que intervenga el Ministerio Público, se necesita como requisito indispensable que la víctima o sus representantes interpongan una denuncia, es decir, para lograr detener al infractor falsificador se necesita interponer una denuncia ante la Fiscalía para que sea procesado judicialmente, ya que los propietarios de las marcas son quienes conocen sus productos mejor que nadie; conocen sus logotipos, sus modelos y su propiedad intelectual, por eso es que el Ministerio Público requiere de la presentación de la denuncia para investigar, para acusar y condenar a los infractores.

Entre los requisitos fundamentales para interponer la denuncia penal, se requiere que la marca está registrada, garantizando el derecho exclusivo de impedir que terceros utilicen la marca en operaciones comerciales sin su consentimiento, además de tener la certeza de que el producto es falso y de la colaboración de un abogado que le represente en el proceso penal, no se requiere tener certeza del nombre del falsificador, ya que esa investigación la realizan los Fiscales de la República, haciendo uso de las herramientas que la Ley les confiere.

Estas denuncias penales requieren de la colaboración entre el Ministerio Público y el representante de la marca, permitiendo detectar y detener a los falsificadores de manera más eficaz y proteger mejor a los clientes y propietarios de derechos.

La protección de marca incluye el almacenamiento, distribución e importación de productos falsos, lo que incluye una amplia escala de actividades que, si se logran demostrar y relacionar con productos no originales, pueden ser acusados penalmente.

En AG Legal colaboramos estrechamente con marcas mundialmente reconocidas para proteger su propiedad intelectual e industrial, reportando a las autoridades competentes casos de falsificación de productos, llevando a cabo investigaciones independientes o conjuntas con marcas a fin de presentar litigios civiles y/o penales contra los falsificadores.