Responsabilidad profesional en Costa Rica: mala praxis

Responsabilidad profesional en Costa Rica: mala praxis médica, legal y técnica

La responsabilidad profesional en Costa Rica es la obligación de un médico, abogado, notario, ingeniero, arquitecto, contador u otro profesional de reparar los daños que cause cuando su trabajo no cumple con el estándar que su disciplina exige. Es lo que comúnmente se conoce como mala praxis.

Estos casos son especialmente técnicos. No basta con que el resultado haya sido malo: hay que demostrar que el profesional se apartó de lo que un colega diligente habría hecho en su lugar. En esta guía le explicamos cómo se analiza ese estándar, qué vías existen para reclamar y por qué la prueba pericial suele decidir el caso. Es parte de nuestra guía de responsabilidad civil en Costa Rica.

Qué es la responsabilidad profesional en Costa Rica

Cuando contrata a un profesional, usted confía en un conocimiento que no tiene. Por eso la ley le exige a ese profesional un nivel de cuidado acorde con su formación. Si no lo cumple y causa un daño, debe repararlo. La base puede ser contractual, según el artículo 702 del Código Civil, cuando existe un contrato de servicios, o extracontractual, según el artículo 1045, cuando el daño se produce fuera de esa relación.

La pregunta central siempre es la misma: ¿actuó el profesional como lo habría hecho un colega prudente y competente en las mismas circunstancias? Ese estándar se conoce como lex artis, y su contenido lo definen los protocolos, la ciencia y la práctica aceptada en cada disciplina.

Obligación de medios y obligación de resultado

Esta distinción define qué hay que probar y, muchas veces, quién gana el caso:

No siempre es evidente en qué categoría cae un servicio. Algunos procedimientos médicos con fines estéticos, por ejemplo, se discuten como más cercanos a una obligación de resultado. Clasificar bien el caso es parte del trabajo inicial.

Mala praxis médica

Es el tipo de responsabilidad profesional más conocido. Puede surgir de un diagnóstico erróneo o tardío, de un error en una cirugía, de una medicación equivocada, de infecciones por fallas de protocolo o de la falta de seguimiento.

El consentimiento informado

Antes de un procedimiento, el paciente tiene derecho a recibir información clara sobre sus riesgos, alternativas y consecuencias. La Ley 8239 de Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud Públicos y Privados reconoce estos derechos. Si el paciente no fue informado de un riesgo que luego se materializó, puede haber responsabilidad aunque el procedimiento técnico haya sido correcto.

El expediente clínico

Es la prueba central de cualquier caso médico. El paciente tiene derecho a acceder a su información clínica, y obtener una copia completa debería ser uno de los primeros pasos.

Medicina privada y medicina pública

Si el servicio se prestó en un hospital o clínica privada, el reclamo se dirige contra el profesional y el centro, en la vía civil. Si se prestó en la CCSS u otra institución pública, aplica la responsabilidad de la Administración según el artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública, que se tramita en la jurisdicción contencioso-administrativa con reglas y plazos propios.

Paralelamente, puede presentarse una denuncia ante la Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos, que investiga la conducta ética y profesional del médico. Esa vía no indemniza, pero su resultado puede ser relevante.

Errores de abogados y notarios

Un abogado puede generar responsabilidad cuando deja prescribir una acción, no presenta un recurso a tiempo, omite prueba esencial o asesora de forma claramente contraria a la ley. Como su obligación suele ser de medios, perder un juicio no significa por sí solo que hubo negligencia; hay que demostrar el error y que, sin él, el resultado probablemente habría sido distinto.

El caso de los notarios tiene matices propios. Una escritura mal otorgada, un estudio registral omitido o una inscripción que no se realizó pueden causar perjuicios económicos importantes, sobre todo en operaciones inmobiliarias. Además de la vía civil, los notarios están sujetos al régimen disciplinario del Código Notarial, con participación de la Dirección Nacional de Notariado. Los abogados, por su parte, responden disciplinariamente ante el Colegio de Abogados y Abogadas.

Ingenieros, arquitectos y constructores

Los defectos de diseño, cálculo, dirección técnica o ejecución pueden traducirse en grietas, filtraciones, fallas estructurales o una obra que no cumple con lo aprobado. Además de los reclamos contractuales contra el constructor, que explicamos en incumplimiento de contrato en Costa Rica, el Código Civil contempla una responsabilidad especial del constructor por defectos graves de la obra durante un plazo determinado después de su entrega.

Los profesionales que firman la responsabilidad técnica de una obra también pueden ser denunciados ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. En estos casos, un peritaje de ingeniería independiente es indispensable para separar los defectos de diseño, de construcción y de mantenimiento.

Otros profesionales

La responsabilidad profesional alcanza a cualquier oficio que exija conocimientos especializados: contadores y auditores que no detectan irregularidades evidentes o presentan declaraciones con errores, consultores financieros, topógrafos, valuadores, desarrolladores de software o profesionales de la salud distintos de los médicos, como odontólogos, psicólogos o fisioterapeutas.

En todos los casos aplica la misma lógica: identificar el estándar de la disciplina, demostrar que no se cumplió y probar que esa falla causó el daño. Si el servicio se prestó en una relación de consumo, el régimen de protección al consumidor también puede entrar en juego según el caso, y la plataforma de consumo del MEIC es la referencia oficial.

Las tres vías: civil, disciplinaria y penal

Un mismo error profesional puede generar tres procesos distintos, con objetivos diferentes:

Elegir qué vías activar, y en qué orden, es una decisión estratégica. Una denuncia mal planteada puede generar declaraciones o pruebas que luego compliquen el reclamo civil.

La prueba pericial decide estos casos

En responsabilidad profesional, el juez necesita que un experto le explique qué debió hacerse y qué se hizo. Por eso el peritaje es casi siempre la prueba más importante. En casos médicos, el Poder Judicial cuenta con el Departamento de Medicina Legal, y las partes pueden aportar dictámenes de especialistas independientes. En casos técnicos, se recurre a peritos ingenieros, contables o de la disciplina correspondiente.

Además del peritaje, conviene reunir el expediente completo del servicio, contratos, cotizaciones, comunicaciones, facturas y cualquier documento que muestre lo que se prometió y lo que ocurrió. Para la cuantificación de los daños, aplica lo explicado en nuestra guía de daños y perjuicios en Costa Rica.

¿Qué vías aplican a su caso?

Responda cuatro preguntas y vea qué vías podrían aplicar a su caso y cuál es el primer paso recomendado.

Plazos en casos de responsabilidad profesional

Los plazos dependen de la vía y del tipo de responsable. No es lo mismo reclamar a un profesional privado que a una institución pública, y las vías disciplinaria y penal tienen sus propios términos. Además, en casos médicos el daño a veces se manifiesta tiempo después del hecho, lo que plantea preguntas sobre desde cuándo corre el plazo. Lo explicamos en nuestra guía de responsabilidad civil en Costa Rica, pero la recomendación es actuar pronto.

Si usted es el profesional reclamado

Recibir un reclamo o una denuncia es una situación delicada que afecta la reputación y la tranquilidad de cualquier profesional. Lo primero es no responder de forma impulsiva, no modificar documentos ni expedientes y notificar de inmediato a su aseguradora si cuenta con un seguro de responsabilidad profesional. Varios colegios profesionales, incluido el Colegio de Abogados y Abogadas, ofrecen pólizas de este tipo a sus agremiados.

Una defensa bien construida analiza si se cumplió la lex artis, si existía consentimiento informado, si el daño tiene otra causa y si el reclamo está dentro del plazo. En AG Legal asesoramos también a profesionales y empresas en esa posición.

Errores comunes en reclamos por mala praxis

• Confundir un mal resultado con una mala práctica. En una obligación de medios, hay que demostrar el error, no solo el resultado.
• No pedir a tiempo el expediente o la documentación completa del servicio.
• Presentar primero una denuncia pública o en redes, exponiéndose a un reclamo por difamación.
• Activar todas las vías a la vez sin estrategia, generando declaraciones contradictorias.
• Prescindir de un peritaje independiente y depender solo de la versión del propio profesional o institución.
• Dejar pasar el tiempo mientras se espera una explicación que nunca llega.

Cómo le ayuda AG Legal

Revisamos el caso con confidencialidad, coordinamos peritos independientes, definimos qué vías conviene activar y en qué orden, y llevamos el reclamo o la defensa hasta su conclusión. Trabajamos tanto con personas afectadas como con profesionales y empresas que necesitan defenderse. Si necesita orientación sobre un caso concreto, puede escribirnos desde nuestra página de contacto. También puede escribirnos directamente a info@aglegal.com con una descripción de lo sucedido; le enviaremos un enlace para una videollamada y conversar sobre su caso.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la responsabilidad profesional?

Es la obligación de un profesional de reparar los daños que cause cuando su trabajo no cumple con el estándar de cuidado y conocimiento que exige su disciplina.

¿Qué es la lex artis?

Es el conjunto de reglas técnicas, protocolos y prácticas aceptadas en una profesión. Sirve para medir si el profesional actuó como lo habría hecho un colega prudente y competente.

¿Un mal resultado médico es siempre mala praxis?

No. La mayoría de actos médicos son obligaciones de medios: el médico no garantiza el resultado, pero sí actuar con diligencia. Hay que demostrar que se apartó de la lex artis y que eso causó el daño.

¿Puedo demandar a la CCSS por mala praxis?

Sí. La Ley General de la Administración Pública hace responder a la Administración por los daños de su funcionamiento. El caso se tramita en la jurisdicción contencioso-administrativa, con reglas y plazos propios.

¿Qué es el consentimiento informado?

Es el derecho del paciente a recibir información clara sobre los riesgos, alternativas y consecuencias de un procedimiento antes de aceptarlo. Su ausencia puede generar responsabilidad aunque el procedimiento técnico haya sido correcto.

¿Puedo pedir mi expediente clínico?

Sí. La Ley 8239 reconoce el derecho de las personas usuarias a acceder a su información clínica. Obtener una copia completa es uno de los primeros pasos en un reclamo.

¿Puedo demandar a mi abogado si perdí un juicio?

Perder un juicio no basta. Hay que demostrar un error concreto, como dejar prescribir una acción o no presentar un recurso a tiempo, y que sin ese error el resultado probablemente habría sido distinto.

¿Qué responsabilidad tiene un notario por una escritura mal hecha?

Puede responder civilmente por los daños que cause y está sujeto además al régimen disciplinario del Código Notarial.

¿El constructor responde por defectos que aparecen después de entregar la obra?

Sí. Además de la responsabilidad contractual, el Código Civil contempla una responsabilidad especial del constructor por defectos graves de la obra durante un plazo determinado después de su entrega.

¿La denuncia ante el colegio profesional me da una indemnización?

No. La vía disciplinaria sanciona al profesional, pero no indemniza. Para obtener una reparación económica hay que acudir a la vía civil, contencioso-administrativa o a la acción civil dentro del proceso penal.

¿Qué prueba necesito en un caso de mala praxis?

Principalmente un peritaje técnico independiente, el expediente o la documentación completa del servicio y la prueba de los daños sufridos.

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Este artículo tiene fines informativos y no sustituye la asesoría legal sobre un caso concreto. Cada reclamo depende de sus hechos, su prueba y los plazos aplicables. Para analizar su situación, contacte a AG Legal.